Magdalena Gómez
La Jornada
Martes 12 de enero de 2016
En su más reciente colaboración en este medio, Abel Barrera nos compartió las duras y valientes reflexiones de Nestora Salgado sobre el significado de su lucha como comandanta de la policía comunitaria en Olinalá, Guerrero, como parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y acerca del costo que el Estado le hace pagar por la misma. Y señaló al Estado conscientemente, no sólo al gobierno federal, estatal o municipal, sino también al Poder Judicial, artífice, a los poderes Legislativo federal y estatal cómplices. Con acusadores y supuestos testigos, así como supuestas víctimas que no dan la cara, mientras Nestora Salgado aparece en medio de una madeja judicial de inocultable olor a consigna.
Muy comprensible y a la vez preocupante la voz de Nestora: Ya me cansé de tanto esperar. Estoy decidida a llegar a lo último, porque no permitiré que el gobierno se burle de las mujeres que luchamos para que en los pueblos haya justicia.
Qué duro pedirle esperanza o paciencia después de más de 28 meses recluida, la mayor parte en un penal de alta seguridad en Tepic, Nayarit. Y, sin embargo, hay que hacerlo. Con su enorme nobleza y confesando su depresión, agradeció a quienes la han acompañado frente a este secuestro, esta injusticia que el Estado ha hecho conmigo, dijo en su conmovedor mensaje de Año Nuevo desde el penal femenil de Tepepan, en el aún Distrito Federal ( La Jornada, 2/1/16). Sólo dos días después se conoció que la primera sala penal del Tribunal Superior de Justicia (TJS) de Guerrero rechazó desde el 15 de diciembre pasado el recurso de apelación que presentó la defensa, y ratificó el auto de formal prisión en su contra por el delito de secuestro agravado, por lo que recurrirá al amparo directo ante el Poder Judicial de la Federación. Y aun si este recurso hubiese sido favorable, pesan sobre ella tres órdenes de aprehensión adicionales.
Existen abundantes elementos para su defensa, pues se ha insistido en que ella realizaba funciones representando a una institución de justicia comunitaria reconocida por la Ley 701 de Guerrero, tiene además la nacionalidad estadunidense obtenida durante su etapa de migración laboral en el vecino país. Su caso es emblemático, además, por ser mujer e indígena. Justamente no son los mejores tiempos en Guerrero para el accionar de la policía comunitaria en sus 20 años de actividad, como no lo son para todas las organizaciones de derechos humanos en esa entidad acosada por el crimen organizado, la violencia y la impunidad.
La desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa hace 15 meses y los avatares de sus madres y padres en su incansable búsqueda, han enfrentado una investigación con fallas estructurales por decir lo menos. Hace cuatro días se logró la recaptura de Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo, la noticia llegó a la reunión anual del cuerpo diplomático de nuestro país y fue recibida con un aplauso atronador. No sabemos si alguien en esa reunión alzó previamente la voz para interrogar sobre la investigación y búsqueda de los 43 estudiantes normalistas, menos aún por la prisión injusta de Nestora Salgado. Ni siquiera sabemos si son temas en sus agendas dictados por la cancillería. Hemos escuchado el detalle público de la labor exitosa de inteligencia y del operativo desplegados por la Marina, el Ejército, el Cisen y la PGR para lograr la detención del narcotraficante más buscado como lo señalan los medios y las felicitaciones de muy diversos países y de la llamada clase política no se hicieron esperar. En medio del jolgorio, como refirió el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, les preguntó con justeza, por qué no han aplicado esa experiencia y estrategia de inteligencia para localizar a los 43 estudiantes ya mencionados.
El agravio de la fuga cómplice de un penal de alta seguridad, cuya investigación no concluye, generó un empeño que no se ha visto en Ayotzinapa ni ante la injusta reclusión para Nestora Salgado. Hoy el gobierno de Estados Unidos reclama la extradición de El Chapo Guzmán para juzgarlo por crímenes cometidos en ese país, y con Nestora, que es su ciudadana, no ha puesto empeño de Estado en su defensa. Corresponde a la opinión pública internacional, los sectores democráticos y organismos de derechos humanos en el país continuar con la presión para que se mantenga en la agenda de sus respectivos estados la demanda por la búsqueda hasta encontrarlos de los estudiantes de Ayotzinapa y por la liberación de Nestora Salgado.
A Nestora tenemos que insistirle en que con la misma pasión y fuerza con que se enfrentó a la injusticia y la corrupción, representando a la policía comunitaria, defienda su vida que su libertad habrá de lograrse. No cejaremos en ese empeño. Ella forma parte de las imprescindibles, de las mujeres guerreras que hoy más que nunca son necesarias.
