Asesinatos políticos, operación de Estado
José A. Carrillo
México, un país que respira desigualdad social, marginación, pobreza y delincuencia en sus poros, donde lo legal e ilegal parecen cruzar sus líneas interminables veces; donde los que se atreven a alzar la voz, decir la verdad, pedir justicia o simplemente no estar de acuerdo con la autoridad o intereses económicos corren riesgo de perder la vida.
Líderes sociales, activistas, ambientalistas, defensores, sindicalistas, estudiantes, mujeres organizadas, campesinos, obreros; una gran cantidad de personas en el país han tenido que alzar la voz contra los patrones, intereses de empresas trasnacionales, mineras, emporios refresqueros, hoteleros, mega proyectos de Estado, reformas constitucionales, por libertad de expresión, por elecciones libres y democráticas, seguridad, diversidad sexual, un sinfín de demandas que son justas.
Ante estas manifestaciones de inconformidad es común observar que toda la estructura del Estado mexicano asuma la defensa de los intereses de empresas, caciques, ricos y los propios gobernantes corruptos. Durante el sexenio de Peña Nieto se volvió común la amenaza, el levantón, la represión selectiva, la represión masiva, las detenciones arbitrarias, la desaparición forzada y el asesinato político como formas de inhibir a los manifestantes.
El 18 de diciembre del año pasado el Comité Cerezo México presentó un informe de ejecuciones extrajudiciales cometidas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto del 1 de diciembre del 2012 al 30 de noviembre del 2018 en donde dan cuenta de 184 ejecuciones extrajudiciales realizadas por motivos políticos, es decir como “una forma de castigo por la actividad o ejercicio de sus derechos ejercidos y cuyos perpetradores fueron agentes de Estado bajo la modalidad de Comisión o Aquiescencia.
En ese sexenio los estados que registraron mayores asesinatos políticos fueron Guerrero (41), Oaxaca (49), Chiapas (16), en tanto que los motivos con mayor índice de asesinatos son la lucha por la autodeterminación de los pueblos indígenas, territorio y derecho al medio ambiente.
Quedan en la memoria casos terribles como el de Gustavo Salgado, comunista asesinado en Morelos el 3 de febrero de 2015 a causa de la lucha por la tierra y derechos de los migrantes; el homicidio de Nadia Vera en el 2015 a manos de secuaces de Javier Duarte ex gobernador de Veracruz; en 2017 el asesinato del periodista Javier Valdez en Culiacán, Sinaloa a manos de la delincuencia organizada coludida con las autoridades estatales.
En el año 2006 en Oaxaca, se contabilizaron 26 asesinatos durante la insurgencia de la APPO, en la lucha contra la Reforma Educativa fueron asesinados 8 compañeros en la agresión de Estado orquestada en Nochixtlán, a ello se suman los asesinatos de diversos líderes sociales como Catarino Torres Pereda (CODECI), Rafael Rodríguez (FACMEO), Arturo Pimentel (FNIC), Benjamín Juárez (UCIZONI), Juan Acevedo (FPR); Alejandro, Ignacio, Luis, Abraham y Noel (CODEDI) en una larga y lamentable lista.
En lo que va del 2019 con la actual administración se pueden contar nuevos asesinatos políticos, resalta el caso de Oscar Carzola defensor de los derechos LGBTI en el Istmo de Oaxaca asesinado el 9 de febrero; Samir Flores asesinado el 20 de febrero en Morelos por oponerse al Proyecto Integral Morelos; y el caso del ex Secretario General de la Sección XXII de la CNTE Rubén Núñez quien fallecido el 23 de marzo víctima de las secuelas de la detención arbitraria de la que fue objeto en las jornadas del 2005-2016 contra la reforma educativa, lo que constituye en sí en un asesinato.
El Estado mexicano en su larga lista de tareas ha sido consecuentemente defensor de los intereses de los poderosos y a pesar del cambio de gobierno mantiene su misma política ante lo cual debemos prepararnos, teniendo en la memoria a los camaradas y compañeros caídos en combate en esta larga lucha por un nuevo porvenir que anuncia la alborada.
